Después de ocho meses bajo detención administrativa y de un largo juicio, la diputada palestina Khalida Jarrar fue condenada a 15 meses de prisión.
La diputada palestina Khalida Jarrar, de 52 años y miembro dell Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), ha sido condenada este domingo por un tribunal militar israelí a 15 meses de cárcel y a una multa por pertenecer a una organización ilegal e incitaciara la violencia, informó hoy la ONG de defensa de los prisioneros palestinos Adamir.
Como parte de un acuerdo con el fiscal, Jarrar admitió los cargos de incitación, además de pertenecer al Frente Popular para la Liberación de Palestina - partido al que representa en el Consejo Legislativo Palestino (CLP) - que es definido por Israel como una organización ilegal. El juicio de Jarrar incluyó 25 audiencias separadas. Con el fin de asistir a cada audiencia, Jarrar se vio obligada a viajar más de 20 horas mientras se encontraba esposada.
La Fiscalía cambió ayer los doce cargos de los que la acusaba por los dos por los que finalmente fue sentenciada la miembro del Consejo Legislativo Palestino al periodo de cárcel y la multa de 10.000 shékels (unos 2.400 euros).
Yarrar, de 52 años, permanece detenida desde el pasado 2 de abril, cuando fue arrestada con una orden administrativa (que no exige ni acusación ni juicio) que alrededor de un mes más tarde dio lugar a una imputación.
"La información utilizada contra Yarrar incluía informes que datan de 2009, el hecho de que no se haya utilizado hasta 2015 demuestra que es un arresto políticamente motivado", afirma Adamir.
Esta organización denuncia también "el continuo uso de tribunales militares en juicios a civiles o líderes y representantes palestinos, que incumplen la legislación internacional, en particular los artículos 64 y 66 de la Cuarta Convención de Ginebra y el artículo 43 de las Convenciones de La Haya".
Según Adamir, estos procesos "no proveen el mínimo de garantías para un juicio justo".
Por su parte el FPLP calificó la sentencia de "tiránica" y de formar parte "del terrorismo israelí contra el pueblo palestino".
La ONG internacional de derechos humanos Human Rights Watch denunció el pasado abril que el caso y las acusaciones a Yarrar "abundaban en violaciones de un proceso justo".
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